El drama y la farsa de Alcira Argumedo.

El drama y la farsa


» Por Alcira Argumedo - Diputada nacional por Proyecto Sur

En estos tiempos es pertinente recordar esa reflexión de Carlos Marx, cuando señala que la historia tiende a repetirse una vez como drama y otra como farsa: comparaba por entonces las experiencias en Francia de Napoleón Bonaparte y décadas más tarde, la de su sobrino Luis Napoleón. Asimismo es pertinente evocar los dichos de un filósofo del mismo apellido, Groucho Marx: “Estos son mis principios; pero si usted prefiere, tengo otros”.

El tema se vincula con la reiterada cantinela de algunos críticos a Proyecto Sur, considerándonos integrantes de la nueva Unión Democrática, aliados de una derecha que estaría acosando al movimiento nacional y popular. Raro movimiento nacional y popular que, en el primer acto simbólico de los festejos del Bicentenario de nuestra Independencia, crea un fondo destinado a pagar la deuda ilegítima, como mérito para ser aceptado por el FMI y el capital financiero especulativo: aquí vale Carlos Marx. Rara igualmente la posición de ciertos intelectuales, economistas, cuadros políticos y periodistas, cuyos principios los llevaron a criticar duramente el modelo neoliberal -con su pilar fundamental en la deuda externa fraudulenta- y ahora coinciden con el gobierno y la oposición conservadora en la necesidad de “honrar la deuda”: aquí vale Groucho Marx. Sería patético que tales cambios tuvieran como fundamento el lapsus cometido en un reciente artículo (Getino, Página12, 15/01/10) donde se condena a “ex artistas beneficiarios de subsidios oficiales ayer y hoy opositores”. Confunde así a determinadas instituciones del Estado cuya función -de acuerdo a la ley- es otorgar subsidios a proyectos de reconocida calidad, con prebendas o abultados sueldos recibidos de un gobierno que exige como contrapartida una sumisión incondicional.
La deuda externa fue contraída en forma escandalosa bajo la dictadura militar, al amparo de la impunidad sustentada en el terrorismo de Estado: cubierta de sangre y lodo, entre 1978 y fines de 1980 creció desde unos 7.800 millones de dólares a 45.000 millones, de los cuales 23.000 millones era deuda del sector privado, estatizada por el inefable Domingo Cavallo. Un hombre del establishment con la ductilidad requerida para ser funcionario de la dictadura, del gobierno menemista del PJ y del de la Alianza de la UCR con el Frepaso: los dos últimos, expresiones del bipartidismo que ahora se pretende consolidar con la Ley de Reforma Política. A pesar del concepto de “deuda odiosa” -definido por el presidente norteamericano William Taft con referencia a los préstamos otorgados a tiranías que deben considerarse ilegítimos y aplicado en 2003 a la deuda de Saddam Hussein en Irak- desde 1985 la deuda externa sería utilizada como el instrumento clave para imponer las políticas de ajuste del FMI y el Banco Mundial. Iniciadas con el Plan Austral de Alfonsín, durante los noventa las políticas de ajuste y despojo llegaron al paroxismo: en 1991 la deuda era de 60.000 millones de dólares y como forma de pago se enajenó el 90% del patrimonio estatal, junto a la caída de los salarios, el empleo y las jubilaciones, a la flexibilización laboral y a la restricción de los fondos destinados a políticas sociales, alimentando inéditos niveles de pobreza, indigencia, desocupación y sufrimiento: sin embargo, al finalizar la década se había incrementado a unos 120.000 millones. En julio del 2000 ingresaba al Parlamento el fallo del juez Jorge Ballestero quien, en base a las denuncias de Alejandro Olmos y después de dieciocho años de investigarla con peritos y expertos, establecía el carácter ilícito y fraudulento de la deuda. Salvo dignas excepciones, los legisladores guardaron un riguroso silencio que aún perdura. En esos meses, el “blindaje” de Machinea y el “megacanje” de Cavallo la incrementaron en 55.000 millones de dólares más, hasta que llegó el corralito. Aunque habían recibido de ellas ganancias gigantescas, los bancos extranjeros desconocieron las obligaciones de sus filiales y, al tiempo que se confiscaban las cuentas de pequeños y medianos ahorristas, salían hacia Ezeiza camiones cargados con 27.000 millones de dólares a fin de resguardar los depósitos de los grandes clientes: los “buitres” no son sólo los fondos designados con ese nombre; también son buitres, entre otros, el Deutsche Bank, el Citibank, el Bank of Boston, el Banco Francés, la Banca Morgan, el Banco Galicia, Shell, Esso o Aluar, beneficiados además con la estatización de su deuda privada en 1981.
Pero no se trata únicamente de aspectos financieros; las consecuencias sociales de la deuda dan cuenta de la desintegración de la sociedad argentina y de las profundas heridas que ha dejado en nuestro pueblo. En 1974/75 la población en condiciones de pobreza rondaba el 7%, ahora estamos en un 40% si se desechan las cifras del INDEC y la absurda medición de la línea de pobreza: una familia que gana menos de 1077 pesos mensuales es pobre, pero si recibe 1100 pesos dejaría de serlo. El 50% de nuestros niños y jóvenes menores de veinte años -unos seis millones- afrontan situaciones de miseria o indigencia. El 80% de los jubilados y pensionados cobran ingresos por debajo de esa línea de pobreza. La tasa de desocupación era de un 3% histórico, en estos días alcanza dos dígitos y el 40% de los empleos son precarios o en negro. En las evaluaciones de calidad educativa realizadas por la Unión Europea en 57 países del mundo, ocupábamos los primeros lugares y actualmente nos situamos en el puesto 51, superando sólo a Qatar, Túnez, Azerbaiyán y Kirguistán. Casi la mitad de los adolescentes entre 14 y 17 años ha desertado o no cursa el secundario: nivel de formación mínimo para acceder a un trabajo digno; lo cual, además de una injusticia, supone hipotecar el futuro inmediato de la nación. Sin mencionar las cuestiones de salud o vivienda, sobran los indicadores que demuestran la gravedad de la catástrofe social.
Cuando ante estas realidades contundentes exigimos una auditoría con el propósito de diferenciar la deuda legítima de la ilegítima y enviarla a la Corte Internacional de La Haya, se nos acusa de desgastar al gobierno como parte de la tan mentada Unión Democrática (Dri, Página12, 11/01/10). El presidente Rafael Correa de Ecuador acaba de auditar su deuda y los acreedores aceptaron el pago de un 30% de lo exigido, dado el temor a que se evidenciaran en un juicio los manejos turbios comprobados. Además de los antecedentes del dictamen del juez Ballestero y de las tres causas que se están procesando en los tribunales, tomamos en consideración el accionar de los grandes bancos y los capitales financieros especulativos en los países centrales. Si fueron tan delincuentes que derrumbaron Wall Street, la economía norteamericana, la de la Unión Europea y la del Japón, junto a otras menores; si fueron cómplices de la quiebra de Enron, considerada por la revista Fortune como la empresa ejemplo del mundo durante los cinco años anteriores; si pudieron robarle los ahorros al propio Henry Kissinger; tenemos derecho a sospechar que con nosotros no fueron demasiado honestos. En consecuencia, la “contradicción principal” no pasa por pagar con reservas o con políticas de ajuste -en la versión oficialista o en la de la oposición de derecha- sino por una auditoria de la deuda externa, jerarquizando la deuda interna y un proyecto nacional capaz de revertir ese saqueo con sus duras secuelas o seguir actuando como un enclave colonial.